Por Primera Fuente / Tucumán – Tuesday, Sep. 22,
2009 at 7:29 PM
RESISTENCIA EN LOS VALLES
Dos días después de
haber sido desalojados, el sábado las 40 familias de la Comunidad Indígena
Quilmes retornaron al predio que ocupan ancestralmente en Colalao del Valle.
Ayer protestaron frente a Casa de Gobierno y escracharon al juez que avaló la
medida de fuerza.
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Luego de que más de un centenar de efectivos policiales |
[@more@]El retorno fue decidido en el marco de asambleas que se realizaron a la
vera de la ruta 307, lugar donde se montó un precario campamento tras la
expulsión de los habitantes originarios de sus propias tierras.
En forma
paralela a esta medida de resistencia, un grupo de comuneros realizó ayer una
protesta frente a Casa de Gobierno en reclamo al cumplimiento de sus derechos.
Allí, una delegación fue recibida por el Secretario de Derechos Humanos, Daniel
Posee.
Posteriormente, a través de Daniel Carlorosi, responsable del
área de Pueblos Indígenas de ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos
Humanos y Estudios Sociales), se mantuvo una audiencia con el juez en Documentos
y Locaciones de la III Nominación, Juan Carlos Peral, quien avaló el desalojo.
Por este motivo también se realizó un escrache frente al edificio judicial
repudiando la medida contra los indígenas.
El principal argumento del
magistrado para defender su medida de fuerza se centró en que, en este caso, la
ley Nº 26.160 -suspende por 4 años todo tipo de desalojo de territorios
indígenas- no es aplicable ya que aún no finalizó un relevamiento territorial
que establece dicha norma.
Sin embargo, Carlorosi aclaró que la
interpretación de Peral es errónea debido a que la citada ley mantiene su
vigencia incluso mientras el ordenamiento territorial siga su curso. “Peral
también se equivocó al sostener que no estaban en juego los intereses de la
comunidad en su conjunto sino el de la particular Viviana Gómez de Montañez,
integrante del pueblo Quilmes”, explicó a primerafuente el abogado.
En
la manifestación de ayer se repudió también al juez de Paz de Colalao del Valle,
Adolfo Salazar, quien dispuso el desalojo de los indígenas a favor de los
intereses terratenientes.
“Denunciamos públicamente la violación de la
ley 26.160 por parte de Salazar y Peral, quienes en todo momento desconocieron
la legislación vigente y las presentaciones realizadas por nuestra Comunidad
vulnerando nuestros derechos adquiridos”, se quejó ante primerafuente el
comunero Delfín Gerónimo en la protesta de ayer.
Por Esteban Stanich
www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=52915