(por Omar, fuente: Página/12)
LA CIDH PIDIO EXPLICACIONES SOBRE LA AGRESION A UNA COMUNIDAD MAPUCHE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado
argentino un informe sobre la violenta represión contra los mapuches de
Villa La Angostura, que fueron desplazados de sus tierras a la fuerza,
para entregárselas a un inversor estadounidense.
Una
porción del territorio que pertenece a la comunidad mapuche Paichil
Antriao, instalada la mayor parte en el cerro Belvedere, en la ciudad
neuquina de Villa La Angostura, se encuentra con presencia policial y,
el último lunes, volvió a ser centro de un violento operativo de
represión, esta vez en uno de sus lugares sagrados. El pasado 2 de
diciembre, los habitantes de la comunidad sufrieron un violento
desalojo, tal como lo informó Página/12. Desde ese momento, la
presencia de la policía en tierra mapuche y sus intimidaciones se
hicieron una constante. No obstante, hace unos diez días, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos aceptó involucrarse en el asunto y
pidió un informe al Estado argentino en el que se detalle la situación
territorial y los actos de agresión denunciados. El Gobierno tenía
plazo hasta el viernes para presentar la documentación, afirmó el
abogado de la comunidad.
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Las 625 hectáreas originarias de
la comunidad Paichil Antriao, otorgadas a sus primeros pobladores a
principios del siglo XX por el Gobierno nacional, fueron reducidas
hasta llegar a 222. Sin embargo, hoy la comunidad mapuche pelea por
conservar esa porción de tierra, ubicada la mayor parte en el cerro
Belverede. El crecimiento de Villa La Angostura, especialmente el
centro de su casco urbano, se hizo a expensas del territorio propiedad
de los Paichil Antriao.
Una parte de esas 222 hectáreas
mapuches que les pertenecen por escritura gubernamental, sin embargo,
fue destinada por la Justicia al norteamericano William Fisher, “en un
juicio en el que no se permitió la participación de la comunidad
mapuche”, explicó a Página/12 su abogado, Juan Manuel Salgado. Desde
ese momento, y ante el incumplimiento de la ley nacional 26.160 –que
prohíbe el desalojo de las comunidades indígenas– y de los tratados
internacionales, el Lof y la Confederación Mapuche de Neuquén
efectuaron las denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
La Comisión se expidió el 12 de enero pasado,
otorgando 10 días al gobierno nacional para que enviara un informe que
especifique, según la notificación, “las medidas que se han tomado
respecto de los actos de agresión denunciados (…)”. Otro punto es si
se ha cumplido o no con la ley nacional 26.160. Y por último, se
solicita “el estado de la revisión territorial para formalizar la
titulación de la Comunidad (…)”. Sin embargo, “el relevamiento del
territorio que corresponde a los indígenas –a cargo del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)– debería haberse terminado a fines
de 2009, pero aún no se empezó”, aseguró Salgado. “Esto sucede porque
el gobierno provincial pone todos los obstáculos legales y políticos”,
ya que el relevamiento “implicaría hacer una historia de cómo se fueron
entregando las tierras”, aseguró.
Tal como lo publicó este
diario, alrededor de 70 efectivos policiales, el 2 de diciembre, se
hicieron presentes en el cerro Belvedere para hacer cumplir la orden de
desalojo, dictada por el juez Jorge Videla, del Juzgado Multifueros.
Este episodio –y más que el episodio, los propios mapuches– quedó
marcado por la violencia policial, que arrasó con viviendas y mapuches.
Desde ese momento, la comunidad convive con una presencia policial
constante en el lugar, que desató “dos ataques más”, según informó
Amandina Gutiérrez, una de las integrantes de la comunidad.
El
cuarto y último episodio sucedió el pasado lunes, cuando la comunidad
fue a defender uno de sus lugares sagrados, el Rewe, donde los antiguos
pobladores hacían sus ceremonias. Cuando se enteraron de que Fisher
había instalado en él maquinarias para la remoción del suelo y la
apertura de caminos, los pobladores decidieron protegerlo. Presentaron
un hábeas corpus en el Juzgado Multifuero, que posteriormente fue
rechazado. “Luego –explicó Gutiérrez–, nos dirigimos al lugar para
dialogar y explicarles la importancia de ese espacio, que no debe ser
tocado de ninguna forma.” Pero “nos dieron cinco minutos para dejar el
lugar y después fuimos sacados por la policía local y efectivos de
Grupos Especiales, utilizando balas de goma”. Al día siguiente, las
máquinas de Fisher siguieron trabajando durante todo la jornada en “la
destrucción de ese sitio histórico”, aseguró María Isabel Huala, otra
mujer de la comunidad.
En medio de estos continuos
atropellos, la comunidad Paichil Antriao exige la efectiva intervención
del Estado, al que exige el inmediato cese de la criminalización,
hostigamiento, represión y despojo de sus tierras.
Informe: Rocío Ilama.